La subida del importe de la tasa T0 que pagan las embarcaciones con registro español, permiso de navegación o rol de despacho con base en un puerto español, ha generado una oposición unánime prácticamente en todo el sector de la náutica de recreo que va camino de convertirse en una tormenta de enormes proporciones.
Autor: Germán de Soler
Para resumir, lo que ha hecho el gobierno vía Real Decreto es ampliar la definición de “servicio de señalización marítima”, que era el objeto de la tasa T0, incorporando a ella el servicio prestado por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR).
La justificación de esta modificación, con su correspondiente subida, es que los usuarios soporten mayor parte del coste del servicio que presta SASEMAR, que actualmente cubre en un 95 % el Estado.
La consecuencia es una subida de la tasa distinguiendo dos conceptos: el que corresponde al servicio de señalización y el que corresponde al servicio de salvamento marítimo. Subida que se concreta en que los barcos a motor de eslora superior a 9 metros o 12 metros si son de vela pasarán a de pagar 4 Euros/m2/año a pagar 9,12 Euros. Los de motor de menos de nueve metros pasan de pagar una tasa única de 10 Euros/m2 a 22,80 euros/m2, y los de vela de menos de 12 metros quedaran exentos.
La cuestión de fondo de esta subida no es, con todo, el porcentaje en sí mismo. Se entiende que el servicio hay que mantenerlo y más cuando está en juego la seguridad. A nadie le importa pagar más por un mejor servicio, ni en el mar ni en tierra. Pero es lógico que quiera saber por qué.
Por tanto, lo que molesta de esta medida es que se ha hecho sin un debate público previo con las asociaciones y organizaciones profesionales y de usuarios del sector, aportando todos los datos que lo justifican.
Datos, no conceptos, es decir: cifras detalladas y pormenorizadas de los costes actuales de ambos servicios, el de señalización y el de salvamento.
He aquí algunas preguntas que los usuarios pueden hacerse: ¿Cuánto le cuesta al Estado mantener el sistema de señalización? ¿Cuánto el mantenimiento de la flota de embarcaciones y de medios aéreos? ¿A cuánto suben los costes de personal? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de una torre de salvamento? ¿Quién cobra qué y por qué conceptos? ¿Quién ingresará los beneficios del alquiler de los faros en desuso para reconvertirlos en hoteles o restaurantes? Y si me apuran, cuánto se paga de combustible, a quién se le paga y a qué precio.
Y una pregunta que no es baladí: quién audita los costes, ya que SASEMAR es un ente público-privado.
La transparencia y el debate abierto deberían estar en la base de cualquier medida que tome el Gobierno. Y esto no se ha producido en este caso, ya que a la mayoría de los usuarios, por no decir a todos, y también a los encargados de recaudar la tasa, el Real Decreto les ha cogido literalmente en pelotas.
Y no quiero pensar que tras esta medida se encuentren otros intereses que no sean los de preservar la seguridad y la vida humana en el mar, un servicio público que precisamente por serlo exige también un debate público.
De lo contrario corremos el riesgo de encontrarnos con un recibo del puerto más oscuro que el recibo de la luz, que ya es decir.
